¿De quién es la riqueza?
Julián Denaro
...cuando las condiciones de equidad aumentan, y el poder adquisitivo de las mayorías populares se incrementa, las ganancias empresariales también se engordan...



Argentina produce alimento para más de 400 millones de personas, mientras habitan nuestro suelo cerca de 48 millones. Sin embargo, un llamativo porcentaje de nuestra población tiene dificultades para alimentarse suficientemente. Pareciera inadmisible, pero un desarrollo histórico y conceptual puede servir para contribuir a una comprensión útil que se dirija hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Es oportuno recordar el concepto de “Renta Agraria Diferencial”, el cual viene a significar el menor costo relativo de nuestra producción agropecuaria respecto del resto del mundo, gracias a las bondades de nuestros diversos climas y suelos, esparcidos en la extensa superficie del octavo país más grande del mundo. Estas propiedades no sólo se traducen en una producción excedente con un gran saldo exportable, sino que además generan, como enuncia el concepto entre comillas, una ganancia extraordinaria.

En referencia al efecto cantidades, claro está el ejemplo del trigo, del cual nuestro país produce cerca de 20 millones de toneladas por año, de las cuales consumimos internamente alrededor de 6 millones, quedando más de la mitad de nuestra producción como remanente para el comercio exterior. Y respecto al efecto precio, se verifica un destacado diferencial entre los costos internacionales y los costos argentinos.

Si a valores actuales tenemos un costo de producción de 10.000 pesos la tonelada, mientras que el costo de producirla en Europa es 50.000, entonces se verifica una renta diferencial de 40.000 que no es producto del trabajo sino de las bondades de nuestros climas y suelos. Véase que si el precio internacional es de 60.000, la ganancia por producirla en Europa es de 10.000, efectuando la resta de precio menos costo, en tanto de producirla en Argentina es de 50.000. Como se puede apreciar, 10.000 corresponderían a valor trabajo aplicado, en tanto que los 40.000 de diferencia son ocasionados por la riqueza de nuestra tierra.

Analizando el asunto, con salarios y remuneraciones justas, valuadas a niveles internacionales, el ejemplo anterior demuestra que 10.000 pesos por tonelada son retribuciones justas para todos los eslabones de la cadena de producción. En tanto que los otros 40.000 pertenecen a las bondades del suelo y el clima.

Perón entendió perfectamente esta condición, y creó el IAPI –Instituto Argentino de Promoción del Intercambio–, en una nacionalización del comercio exterior que conseguía utilizar el ingreso proveniente de nuestras exportaciones primarias para asignarlas a políticas de crecimiento, desarrollo y distribución de ingresos. Hablando en criollo, los dólares generados por el campo eran dirigidos a la financiación de la industria, la generación de empleo y la construcción de una patria soberana con la máxima de la justicia social.

Pero, además, ciertamente ocurre que cuando las condiciones de equidad aumentan, y el poder adquisitivo de las mayorías populares se incrementa, las ganancias empresariales también se engordan, puesto que las empresas venden mayores cantidades cuando la gente tiene plata. En su contraria, cuando los salarios y jubilaciones medidos en capacidad de compra se reducen, los sectores empresariales padecen una sequía tal en sus ventas que la perspectiva de crecimiento se dificulta al extremo.

En resumidas cuentas, cuando se mejora la distribución del ingreso, el beneficio se expande a todos los sectores de la sociedad. Keynes lo había demostrado suficientemente, explicando que el nivel de actividad y empleo de la economía son determinados por la demanda efectiva, a través de sus variables consumo e inversión, con el complemento del gasto del gobierno. Por su parte, la función del gobierno no sólo remite a su participación a través de la inversión social, efectivizada en la construcción de represas hidroeléctricas, puentes, caminos, viviendas y obras de infraestructura, sino también en generar las condiciones propicias para que aumenten el consumo y la inversión. La lógica es la misma: al aumentar el poder de compra de los sectores medios, la demanda de bienes aumenta, lo cual impulsa la generación de empleo y mejora el nivel de ganancias empresarial.

Pero cuando ocho empresas intermediarias se creen las dueñas de todo, los problemas de injusticia e inequidad emergen. Tan sólo ocho firmas manejan el 85% del comercio de cereales y oleaginosas: Bunge, Cargill, Dreyfus, Cofco, Deheza, Moreno, Adm y Aca. Esto representa casi el 40% de las exportaciones totales de nuestro país y los hace poseedores de un gran poder de extorsión.

Increíblemente, la situación hacia finales de agosto de 2022 es alarmante. Las corporaciones agroexportadoras tienen escondidos debajo de silobolsas cerca de 30 millones de toneladas, es decir, 30 mil millones de kilos de granos, exigiendo al gobierno que devalúe. Si se accediera a una devaluación, la riqueza de ellos se multiplicaría inmediatamente, pero el conjunto del pueblo sufriría una súbita reducción en sus niveles de vida, con el mayor pesar sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. En pocas palabras, se daría una veloz transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia las corporaciones de poder concentrado.
La pregunta, comparando distintos momentos históricos, es evidente: ¿Cómo sería la administración más justa? Que ocho empresas jueguen con la comida de los argentinos y el equilibrio financiero del país; o que el pueblo, a través del Estado, logre administrar el excedente de nuestras exportaciones agropecuarias para dirigirlo hacia el financiamiento del crecimiento, el desarrollo y la generación de una patria más justa e inclusiva.

Resultaría imprescindible establecer una Empresa Nacional de Alimentos, que puede ser YPF Agro u otra alternativa, con vistas a visibilizar la cadena de producción, distribución y comercialización, eliminando los precios distorsivos con aumentos injustificados, anulando la evasión y la elusión fiscal, desactivando las triangulaciones y las ventas sin declarar ni pagar impuestos, y estimulando el desarrollo integral articulado con pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y las artesanías locales.


Argentina produce alimento para más de 400 millones de personas, mientras habitan nuestro suelo cerca de 48 millones. Sin embargo, un llamativo porcentaje de nuestra población tiene dificultades para alimentarse suficientemente. Pareciera inadmisible, pero un desarrollo histórico y conceptual puede servir para contribuir a una comprensión útil que se dirija hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Es oportuno recordar el concepto de “Renta Agraria Diferencial”, el cual viene a significar el menor costo relativo de nuestra producción agropecuaria respecto del resto del mundo, gracias a las bondades de nuestros diversos climas y suelos, esparcidos en la extensa superficie del octavo país más grande del mundo. Estas propiedades no sólo se traducen en una producción excedente con un gran saldo exportable, sino que además generan, como enuncia el concepto entre comillas, una ganancia extraordinaria.

En referencia al efecto cantidades, claro está el ejemplo del trigo, del cual nuestro país produce cerca de 20 millones de toneladas por año, de las cuales consumimos internamente alrededor de 6 millones, quedando más de la mitad de nuestra producción como remanente para el comercio exterior. Y respecto al efecto precio, se verifica un destacado diferencial entre los costos internacionales y los costos argentinos.

Si a valores actuales tenemos un costo de producción de 10.000 pesos la tonelada, mientras que el costo de producirla en Europa es 50.000, entonces se verifica una renta diferencial de 40.000 que no es producto del trabajo sino de las bondades de nuestros climas y suelos. Véase que si el precio internacional es de 60.000, la ganancia por producirla en Europa es de 10.000, efectuando la resta de precio menos costo, en tanto de producirla en Argentina es de 50.000. Como se puede apreciar, 10.000 corresponderían a valor trabajo aplicado, en tanto que los 40.000 de diferencia son ocasionados por la riqueza de nuestra tierra.

Analizando el asunto, con salarios y remuneraciones justas, valuadas a niveles internacionales, el ejemplo anterior demuestra que 10.000 pesos por tonelada son retribuciones justas para todos los eslabones de la cadena de producción. En tanto que los otros 40.000 pertenecen a las bondades del suelo y el clima.

Perón entendió perfectamente esta condición, y creó el IAPI –Instituto Argentino de Promoción del Intercambio–, en una nacionalización del comercio exterior que conseguía utilizar el ingreso proveniente de nuestras exportaciones primarias para asignarlas a políticas de crecimiento, desarrollo y distribución de ingresos. Hablando en criollo, los dólares generados por el campo eran dirigidos a la financiación de la industria, la generación de empleo y la construcción de una patria soberana con la máxima de la justicia social.

Pero, además, ciertamente ocurre que cuando las condiciones de equidad aumentan, y el poder adquisitivo de las mayorías populares se incrementa, las ganancias empresariales también se engordan, puesto que las empresas venden mayores cantidades cuando la gente tiene plata. En su contraria, cuando los salarios y jubilaciones medidos en capacidad de compra se reducen, los sectores empresariales padecen una sequía tal en sus ventas que la perspectiva de crecimiento se dificulta al extremo.

En resumidas cuentas, cuando se mejora la distribución del ingreso, el beneficio se expande a todos los sectores de la sociedad. Keynes lo había demostrado suficientemente, explicando que el nivel de actividad y empleo de la economía son determinados por la demanda efectiva, a través de sus variables consumo e inversión, con el complemento del gasto del gobierno. Por su parte, la función del gobierno no sólo remite a su participación a través de la inversión social, efectivizada en la construcción de represas hidroeléctricas, puentes, caminos, viviendas y obras de infraestructura, sino también en generar las condiciones propicias para que aumenten el consumo y la inversión. La lógica es la misma: al aumentar el poder de compra de los sectores medios, la demanda de bienes aumenta, lo cual impulsa la generación de empleo y mejora el nivel de ganancias empresarial.

Pero cuando ocho empresas intermediarias se creen las dueñas de todo, los problemas de injusticia e inequidad emergen. Tan sólo ocho firmas manejan el 85% del comercio de cereales y oleaginosas: Bunge, Cargill, Dreyfus, Cofco, Deheza, Moreno, Adm y Aca. Esto representa casi el 40% de las exportaciones totales de nuestro país y los hace poseedores de un gran poder de extorsión.

Increíblemente, la situación hacia finales de agosto de 2022 es alarmante. Las corporaciones agroexportadoras tienen escondidos debajo de silobolsas cerca de 30 millones de toneladas, es decir, 30 mil millones de kilos de granos, exigiendo al gobierno que devalúe. Si se accediera a una devaluación, la riqueza de ellos se multiplicaría inmediatamente, pero el conjunto del pueblo sufriría una súbita reducción en sus niveles de vida, con el mayor pesar sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. En pocas palabras, se daría una veloz transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia las corporaciones de poder concentrado.
La pregunta, comparando distintos momentos históricos, es evidente: ¿Cómo sería la administración más justa? Que ocho empresas jueguen con la comida de los argentinos y el equilibrio financiero del país; o que el pueblo, a través del Estado, logre administrar el excedente de nuestras exportaciones agropecuarias para dirigirlo hacia el financiamiento del crecimiento, el desarrollo y la generación de una patria más justa e inclusiva.

Resultaría imprescindible establecer una Empresa Nacional de Alimentos, que puede ser YPF Agro u otra alternativa, con vistas a visibilizar la cadena de producción, distribución y comercialización, eliminando los precios distorsivos con aumentos injustificados, anulando la evasión y la elusión fiscal, desactivando las triangulaciones y las ventas sin declarar ni pagar impuestos, y estimulando el desarrollo integral articulado con pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y las artesanías locales.


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