El programa económico del gobierno se sustenta en la fantasía ultraderechista, y afirma que para desarrollar el país hay que liberalizar los mercados y reducir el Estado.

Los grupos dominantes (monopolios nacionales e internacionales) siempre han propuesto reducción de impuestos y eliminación de controles a sus empresas. Ellos apoyan a quienes propongan ese tipo de medidas: como los golpes del 55, 66, 76, y los gobiernos de Menen, Macri y ahora Milei.

Lo especial de los libertarios es que consideran a los monopolios sus “héroes”, no hay que controlarlos sino fomentarlos, como en su RIGI (régimen para grandes inversiones).

En la campaña electoral los medios festejaban a Milei con la motosierra eliminando ministerios, dolarizando y cerrando el banco central. Así la política fiscal, monetaria y cambiaria anunciada implicaban la reducción del Estado a su mínima expresión. Incluyendo la desaparición de la moneda nacional.

Desde la década del 50 los sectores dominantes tienen como una de sus objetivos la reducción salarial. En este caso con la no actualización, tras devaluación inicial del 118%, acompañadas por la liberalización de precios y la eliminación de derechos laborales.

Esto fue incluido desde el DNU 70, de diciembre 23, pero la justicia impidió su vigencia. El ministro de destrucción del Estado (oficialmente de Desregulación y Transformación) se está encargando de estos proyectos para bajar los derechos laborales. La realidad muestra la fantasía de sus planes monetarios y cambiarios: del cierre del Banco Central ya nada se habla, la dolarización fue descartada, tanto que el propio presidente afirmó la eliminación de los controles cambiarios (el famoso cepo) deberá esperar por lo menos otro año.

En cuanto a la política fiscal (el gasto público), la destrucción del Estado, la reducción directa de funciones, organismos y/o empleados públicos, es la motosierra. La otra política de reducción del Estado es la licuadora, que se hace por vía inflacionaria.

Las principales funciones sociales son educación y salud y el sistema previsional, desde la reorganización del sector público en la era Menem, las 2 primeras que quedaron bajo responsabilidad provincial, mientras lo previsional quedó en la órbita nacional. Desde esa época el sistema previsional insume cerca de la mitad del gasto público nacional. Hoy protege a más de 7 millones de argentinos. Por ello el retraso en la actualización de los haberes previsionales, es imprescindible para el ajuste que se pretende.

La reducción de los ingresos del grueso de la población (asalariados activos y pasivos), lleva a una severa reducción del consumo, que en los últimos años rondaba un 73% del PIB; y el ajuste implicó también disminuir el gasto público (que era otro 14% del PIB), y de la eliminación de la inversión pública 1.4% del PIB. Al achicar las partes se reduce el total.

Según la fantasía reaccionaria, esta reducción del Estado debería ser reemplazada por la iniciativa privada, por el mercado. Por ello el gobierno sigue esperando una rápida recuperación económica, la actividad subirá “como pedo de buzo” afirmó Milei. Los analistas económicos de derecha siguen esperándola. Pero, el mundo no funciona así.

Consecuencia de la reducción de salarios y jubilaciones (o sea del consumo), del gasto y de la inversión públicas el país ha ingresado en una severa depresión económica, de la dimensión de crisis de la salida de la convertibilidad.

En 2023, y pese la sequía, redujo en un 25% la producción agropecuaria, la actividad económica total solo cayó solo un 1.6%. Este año el sector normalizó su producción, pero la caída de la producción industrial, comercial y de la construcción hacen prever una recesión que más que la duplica (3.6% interanual), y eso considerando que los evaluadores suponen una cierta recuperación segundo semestre.

Para revertir la caída el gobierno debería actuar y provocarlo, no esperar que el mercado lo haga. Con esta política la actividad evolucionará como un plomo, y no como un pedo de buzo.

El ajuste

Para comprender el ajuste debe observarse el rol del Estado por la provisión de servicios a la sociedad, no como meros organismos burocráticos, lo que se logra al observar el gasto por finalidad y función.

Las funciones que debería cumplir, varían según la ideología. Los liberales pretenden un Estado lo más pequeño posible; gastando solo en gobierno y justicia (finalidad administración central), y policía (finalidad seguridad).

La profunda crisis del sistema económico mundial de 1930 mostró la incapacidad de los mercados de autorregularse, lo que implicó la aparición del paradigma keynesiano, y la implementación de sus propuestas en la mayoría de los países capitalistas, incorporando un piso social (el Estado de Bienestar) mediante provisiones públicas de servicios de salud, educación, previsión social e incluso vivienda, e intervenciones en regulaciones en funciones centrales, como energía y transporte público.

Con esta visión se incorporaron las finalidades sociales, En nuestro caso Previsional, Salud y Educación (las universidades), y las prestaciones económicas, sean subsidios a la actividad privada, prestación pública directa y la inversión pública.

La ideología de este gobierno es ultra liberal, y por tanto está avanzando en un ajuste mayúsculo: Los más afectados en términos reales son la finalidad Relaciones Interiores (- 83%), en administración gubernamental, básicamente la casi anulación de transferencias a las provincias y municipios. En servicios sociales se ha hecho una importante reducción de las jubilaciones (la mitad del gasto nacional) vía no actualización de haberes se lo redujo en un 21%, en salud se ha recortado en un 32%, por los recortes en planes de vacunación y alimentación infantil, en educación (las universidades son responsabilidad nacional) se redujeron las transferencias un 48%, poniendo en crisis su funcionamiento. Hoy en conflicto con autoridades y trabajadores.

Los servicios económicos, son principalmente de energía y transporte: y consisten en los subsidios al sector privado y e inversiones. La inversión pública ha sido discontinuada, incluso aquellas con importante avance de obra. La eliminación de los subsidios, sumada a la dolarización de tarifas, ha provocado un aumento de los precios finales, o sea un tarifazo, de hasta un 1000% respecto de la vigente a inicio del gobierno.

En cuanto a los objetivos del gasto, se han eliminado políticas de género, de derechos humanos, pero principalmente las de contención social, llegando al extremo de no proveer alimentos a los comedores administrados por organizaciones sociales.

Quién es “la casta”

Nunca quedó en claro qué significa “la casta”, se supone que son los políticos que lucran del Estado, porque la patria contratista para él son héroes, y los partidos conservadores, hoy son sus aliados. “La casta” supone culpar a los políticos “populistas” de los desastres, como la inflación. Han conseguido instalar que los políticos son esencialmente corruptos.

Pero los responsables son los sectores dominantes que con corridas cambiarias y remarcaciones provocan la inflación y la caída salarial, no así la emisión para pagar la fiesta de corrupción.

Ellos son los que financiaron su campaña, que apoyan y forman parte de su gobierno: Por ejemplo, al famoso DNU 70 y a la ley bases las redactaron sus estudios jurídicos, Techint puso al CEO de YPF, y son estos sectores dominantes los beneficiarios del tarifazo y lo serán de las privatizaciones. También son los beneficiarios de la liberación de precios, de la desregulación de la economía, de la reducción de salarios y de derechos laborales.

Analicemos bien, la culpa no es del cerdo, sino quien le da de comer.