Hace más de cien días que las calles de Chile no duermen tranquilas. Los días 6 y 7 de enero, no solo en Santiago, sino en las distintas regiones del país, los estudiantes secundarios volvieron a marcar el paso de las protestas contra todo el régimen económico y social enquistado desde la reforma constitucional concertada en 1988.

Herederos y continuadores de las importantes luchas estudiantiles de 2006, 2008 y 2011, el 18 octubre del año pasado fueron quienes decidieron evadir los torniquetes del metro repudiando el aumento del boleto. Y “Chile despertó”. Fue la gota que rebalsó el vaso, la chispa que se volvió “estallido social”, la acción que rompió la inercia. El espíritu rebelde quedó en el centro de escenario porque, simplemente, lo generó.

Ahora, apenas iniciado 2020, se manifestaron contra las “Pruebas de Selección Universitaria” (PSU), un mecanismo de evaluación que actúa como “colador” para el ingreso a las universidades y que ratifica, en el sistema educativo, las desigualdades históricas y estructurales de clase.

El boicot durante los días de examen, fue la primera acción directa emprendida desde que este mecanismo fuera establecido. Igual que con el aumento del boleto de transporte, se trata de hartazgo y bronca que mastican desde hace 30 años. Y lo mastican en voz baja porque la dictadura pinochetista fue disciplinante eliminando de cuajo las luchas populares y educando los buenos modales republicanos.

Las acciones fueron repudiadas por el establishment y todo su aparato de propaganda y formación mediática de opinión pública pues, obviamente, estaban violando la ley. De hecho, el Poder Judicial dio a conocer una larga lista de estudiantes procesados por tales protestas.

Pero en los hechos, los jóvenes secundarios recibieron la adhesión, apoyo y acompañamiento de vecinos y organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales. “Tenemos claro que las manifestaciones no son solo contra la PSU, sino contra todo el sistema injusto y desigual”, cuentan los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) mientras preparaban la segunda jornada de protestas que finalmente realizaron este 27 y 28 de enero y que obligó al gobierno a blindar los edificios de examen con fuerte presencia de Carabineros.

“Queremos cambiar todo”, dicen los jóvenes luchadores, y ponen en juego el ingenio, la creatividad y su propio cuerpo. Así funciona ACES: apuntalando sus cuestionamientos con acciones, consensuadas en asamblea y aplicadas en conjunto, dándole materialidad y dirección a sus reclamos.

La exclusión educativa
En Chile, la Educación es una actividad que se ofrece como un servicio más, sometido a las leyes de oferta y demanda del mercado. Los planes de formación reproducen perspectivas liberales inclinadas a favorecer intereses corporativos por sobre los intereses del pueblo en su conjunto.

Es paradójico que las familias con mejores condiciones de vida e ingresos, que acumulan en su seno un mayor “capital cultural”, son las que tienen más posibilidades de acceder (vía instancias de selección) al sistema educativo subsidiado por el Estado. Y los que no, los que tienen ingresos medios y los que sobreviven en la informalidad laboral, previsional, sanitaria, alimenticia, habitacional, no tienen más alternativa que hacerlo en el sistema privado tomando un crédito para pagar las cuotas quedando endeudados por décadas. Así, la pobreza es también un nicho de mercado.

Radiografía de la desigualdad
La (neo) liberalización económica desplegada por la escuela de Milton Friedman (“Chicago Boys”) construyeron un Chile que favoreció la concentración de riquezas en un puñado de personas.

Según el informe de Riqueza Global de The Boston Consulting Group (BCG), sólo 161 chilenos acumulan el 20% de la riqueza del país, superando los 100 millones de dólares cada uno. Como contracara, la proyección de desempleo para 2020 supera los dos dígitos. Esa férrea distancia se sustenta en una Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), que legaliza directamente la apropiación de recursos esenciales por parte de capitales privados y niega el carácter de derecho de las prestaciones sociales básicas.

Al manejo de las principales ramas de la economía (financiera y minera) por parte del 1% de la población que controla el 26,5% del PBI, se agrega el manejo de la salud, la educación, los fondos de pensiones, el agua, la tierra, la energía, las obras de infraestructura urbana…, todo.

Este orden de la cosas es el que busca sostener el gobierno de turno apelando tanto a la cruenta represión y como al diálogo republicano.

Desafíos, en todos lados
El “estallido social” lleva cien días y se mantiene en pie en todo el extenso territorio chileno mediante concentraciones y marchas, ocupación del espacio público con actividades culturales, arte callejero, asambleas vecinales, cortes de calles y rutas, cabildos, protestas y paros sindicales.

El pueblo ha demostrado su grado de conciencia que no es queja o crítica o reflexión individual sino, por el contrario, las acciones mediante las cuales define y asume el histórico problema.

Los jóvenes estudiantes secundarios se constituyeron en uno de los protagonistas de todo lo que se puso en movimiento. Abonan ese camino de acumulación de fuerzas del pueblo y apelando a la memoria histórica, reactivan el llamado a librar una lucha contra el enemigo de la clase trabajadora y contra las instituciones del régimen social que median el status quo: que rige en lo político y acumula en lo económico, que expolia derechos y expropia recursos.

Valga el acontecer concreto de los jovenes adolescentes chilenos -hijos de asalariados, estudiantes de hoy camino a ser asalariados mañana- , como muestra de la tarea que ya puede y que ya debe ser emprendida.

Las juventudes rebeldes del continente están siendo llamadas a impulsar en cada territorio las luchas necesarias, fundiéndose con la clase trabajadora y convirtiendo en realidad los sueños de una nueva nación latinoamericana, libre de ataduras, desigualdades y opresiones.