Los antecedentes de la extraordinaria movilización social que acontece en Colombia se ubican con anterioridad a la pandemia, cuando el gobierno de Iván Duque intentó aplicar un “paquetazo” de ajuste neoliberal en noviembre de 2019. Aquellas jornadas de protesta ya mostraban un rechazo a la política económica del uribismo y exigían la implementación del Acuerdo de Paz.

La pandemia retrajo el impulso de la movilización popular, mientras tanto, el gobierno nacional aplicó una serie de medidas que priorizaron la transferencia de riquezas a los sectores financieros y el apoyo a las grandes empresas, sin garantizar condiciones mínimas para la población azotada por el hambre ante la parálisis de la actividad económica.

Con una economía donde el 70% de la clase trabajadora percibe un salario mínimo (250 dólares) o menos, el 55% de las personas empleadas se encuentran en la informalidad y de las formalizadas la mayoría trabajan sin contratos de estabilidad, Colombia representa las devastadoras consecuencias del modelo neoliberal en una nación dependiente. El crecimiento macroeconómico sin redistribución, sumado a un endeudamiento público que orbita entorno al 54% del PBI han conducido a una pauperización de la vida y la anulación del futuro de la juventud, que hoy es el sujeto más dinámico de esta coyuntura.

En ese contexto Iván Duque presentó ante el Congreso una Reforma Tributaria para recaudar 6.300 millones de dólares. El proyecto afectaba bruscamente a los sectores empobrecidos y la clase media, gravando productos de la canasta básica, servicios públicos y funerarios, pero manteniendo las exenciones al sector financiero y petrolero. Ésta fue la gota que rebalsó la copa.

El Comité Nacional de Paro (CNP), compuesto por las centrales sindicales y un amplio conjunto de organizaciones sociales y populares, convocó el 28 de abril a un Paro Nacional respaldado por movilizaciones multitudinarias en todo el país. Aunque la raíz de la inconformidad general tiene un origen social, el gobierno aplicó una respuesta militar en 4 fases, enmarcadas en una estrategia de terror y desmovilización: 1. despliegue policial y del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), 2. aplicación de la figura de Asistencia Militar, usando al Ejército en el marco de la seguridad interior, 3. infiltración de agentes estatales en la movilización con armas de fuego e instigación de acciones paramilitares y 4. judicialización masiva de manifestantes y referentes políticos.

El efecto del abuso de la Fuerza Pública y la violencia estatal ha ocasionado más 70 muertes, centenares de heridas, violaciones sexuales y alrededor de 500 desapariciones forzadas.

Pautalinamente la ira se ha ido transformando en un proceso de politización masivo que instaló un sentido común popular anti-uribista, a la movilización social como forma de participación y de acción contra el mal gobierno y la necesidad de depurar el Congreso de los partidos tradicionales.

En la fase actual, el desafío esta en afianzar el diálogo popular contra la anti-política y construir con la juventud una alternativa anti-neoliberal y por la paz. Hoy el pueblo sigue en las calles organizando el porvenir.

 

Los antecedentes de la extraordinaria movilización social que acontece en Colombia se ubican con anterioridad a la pandemia, cuando el gobierno de Iván Duque intentó aplicar un “paquetazo” de ajuste neoliberal en noviembre de 2019. Aquellas jornadas de protesta ya mostraban un rechazo a la política económica del uribismo y exigían la implementación del Acuerdo de Paz. La pandemia retrajo el impulso de la movilización popular, mientras tanto, el gobierno nacional aplicó una serie de medidas que priorizaron la transferencia de riquezas a los sectores financieros y el apoyo a las grandes empresas, sin garantizar condiciones mínimas para la población azotada por el hambre ante la parálisis de la actividad económica. Con una economía donde el 70% de la clase trabajadora percibe un salario mínimo (250 dólares) o menos, el 55% de las personas empleadas se encuentran en la informalidad y de las formalizadas la mayoría trabajan sin contratos de estabilidad, Colombia representa las devastadoras consecuencias del modelo neoliberal en una nación dependiente. El crecimiento macroeconómico sin redistribución, sumado a un endeudamiento público que orbita entorno al 54% del PBI han conducido a una pauperización de la vida y la anulación del futuro de la juventud, que hoy es el sujeto más dinámico de esta coyuntura. En ese contexto Iván Duque presentó ante el Congreso una Reforma Tributaria para recaudar 6.300 millones de dólares. El proyecto afectaba bruscamente a los sectores empobrecidos y la clase media, gravando productos de la canasta básica, servicios públicos y funerarios, pero manteniendo las exenciones al sector financiero y petrolero. Ésta fue la gota que rebalsó la copa. El Comité Nacional de Paro (CNP), compuesto por las centrales sindicales y un amplio conjunto de organizaciones sociales y populares, convocó el 28 de abril a un Paro Nacional respaldado por movilizaciones multitudinarias en todo el país. Aunque la raíz de la inconformidad general tiene un origen social, el gobierno aplicó una respuesta militar en 4 fases, enmarcadas en una estrategia de terror y desmovilización: 1. despliegue policial y del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), 2. aplicación de la figura de Asistencia Militar, usando al Ejército en el marco de la seguridad interior, 3. infiltración de agentes estatales en la movilización con armas de fuego e instigación de acciones paramilitares y 4. judicialización masiva de manifestantes y referentes políticos. El efecto del abuso de la Fuerza Pública y la violencia estatal ha ocasionado más 70 muertes, centenares de heridas, violaciones sexuales y alrededor de 500 desapariciones forzadas. Pautalinamente la ira se ha ido transformando en un proceso de politización masivo que instaló un sentido común popular anti-uribista, a la movilización social como forma de participación y de acción contra el mal gobierno y la necesidad de depurar el Congreso de los partidos tradicionales. En la fase actual, el desafío esta en afianzar el diálogo popular contra la anti-política y construir con la juventud una alternativa anti-neoliberal y por la paz. Hoy el pueblo sigue en las calles organizando el porvenir.   - VER MÁS ARTÍCULOS -

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