Las disputas por el poder están basadas principalmente en la forma en que se distribuye o se concentra el ingreso nacional. Las oligarquías de cada nación han aplicado de manera sostenida todas las herramientas disponibles para asegurar la conservación de ese poder que les permite aumentar la velocidad de concentración de riqueza, lo cual es posible incrementando el sometimiento del conjunto de los pueblos.

Es oportuno recordar lo que ha pronunciado Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, respecto de Venezuela, que fuera durante décadas la principal productora de petróleo del mundo, por ende preguntando dónde está la plata del petróleo venezolano. Entonces dijo que vayan a ver a Miami las mansiones que tiene la oligarquía venezolana allá. Esta imagen expresa con nitidez la voluntad de concentración y fuga por parte de las oligarquías, que es válida para todo tiempo y lugar.

En nuestro país sucede algo similar, con un 40% de pobres y un 10% de indigentes, consecuencia de que lo producido en la Argentina durante los últimos 60 años fue fugado del país y se encuentra en el exterior. Esos bienes son propiedad de unos pocos. Una parte de aquelllo fue reinvertido en el país ocasionando una concentración de riqueza sin precedentes en unas pocas personas, en perjuicio de una inmensa mayoría que vive con lo mínimo para subsistir.

Los mecanismos de dominación por parte de los grupos de poder, especialmente en Latinoamérica, se han mostrado siempre serviles y utilitarios a los imperialismos dominantes, naciones y corporaciones trasnacionales, los cuales sistemáticamente han desarrollado operaciones de saqueo, precisamente, sobre los países desorganizados y por lo tanto débiles para defenderse. Por esto mismo, los núcleos de poder, que son los enemigos internos y externos que tienen los pueblos, han preferido desarmar las voluntades de organización, unión e integración de los países desorganizados. Precisamente para poder saquearlos más fácil. En Argentina país vemos a diario el inicio de investigaciones y causas penales a empresas y personas debido a sobrefacturaciones y subfacturaciones de importaciones y exportaciones, contrabando y blanqueo de capitales.

Uno de los mecanismos de sometimiento más exitoso a lo largo de la historia ha sido el endeudamiento. Tras él, le siguen las imposiciones y condicionamientos constantes. El más claro ejemplo de la historia argentina reciente ha sido el Fondo Monetario Internacional como brazo político y financiero de EEUU.

El endeudamiento de la República Argentina a pasado en forma vertiginosa desde 1976, que tenía una deuda externa de 7.000 millones de dólares a la actual de 363.233 millones. Esta se incrementó principalmente con créditos que se otorgaron desde el extranjero a gobiernos militares genocidas (1976-1983), luego al modelo de Convertibilidad financiado con toma de deuda y privatización de las empresas del Estado (1989-2001), y posteriormente al gobierno de Macri (2015-2019). En esta última oportunidad, se destaca que el crédito otorgado por el FMI fue realizado sin haber pasado para su aprobación por el Congreso, con el agravante de que fue tomado con tasas de interés abusivas y en plazos que la convierten en impagable, finalmente con el gobierno de Fernández se vuelve a incurrir en el error de tomar un nuevo crédito destinado a pagar el anterior con tiempos de pago e intereses inaceptables.

Existen numerosas denuncias realizadas contra los distintos tomadores de la deuda externa Argentina y sus prestamistas. Con mucho pesar, hasta ahora, ninguna de ellas ha tenido resultados concretos. Por otro lado, se han manifestado numerosas propuestas de no pagar la deuda externa por sus vicios de ilegalidad, pero lamentablemente ninguna ha sido abrazada por los que manejan el poder.

Argentina tiene una Deuda Externa en Moneda Extranjera de 363.233 millones de dólares (MU$D), que corresponden 230.633 MU$D al Estado Nacional y las Provincias, y 132.600 MU$D al sector privado. En términos porcentuales, considerando un PBI que ronda los 600.000 MU$D, tiene un peso del 60%. Recuérdese que en el 2015 Macri recibe el gobierno con una deuda externa equivalente al 52,6 % del PBI, en el 2019 entrega la presidencia a Fernández con una deuda del 58% del PBI.

Al mismo tiempo, Argentina tiene reservas comprobadas de Litio, Gas Convencional y No Convencional, Petróleo Convencional y No Convencional por 4 veces la Deuda Externa.

Resulta de interés dar a conocer la propuesta de algunos analistas que aconsejan utilizar nuestras reservas estratégicas para salir de esta encerrona. La sugerencia es colocar el 30% de las mismas como garantía para tomar un crédito en este nuevo mundo multipolar y multimonedas direccionado a pagar el total de la deuda pública y privada y además quedar con 50.000 MU$D de reservas de libre disponibilidad en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aplicar el flujo de dinero disponible al desarrollo es una misión impostergable, pero sólo viable sin el peso del endeudamiento asfixiante que nos dejó el gobierno de Macri.

El crédito podría ser a 50 años y al 1% de interés anual, con dos años de gracia (empezando a pagar a partir del 3er año, en virtud de la asfixia financiera que el país padece producto del irresponsable e ilegítimo endeudamiento). El nuevo país acreedor iría retirando las reservas como parte del cobro en forma equivalente al 2% anual más el 1% de intereses sobre saldo.

Es menester aclarar que Argentina, incluso duplicando el consumo, tiene reservas disponibles para más de 50 años. Se aclara que lo disponible sería el 70%, ya que el 30% fue entregado en garantía. Adicionalmente, se recuerda que debe desarrollarse la energía por hidrógeno empleando la energía eólica, como parte de las fuentes renovables de energía del mundo del futuro, lo mismo que la energía solar, la hidráulica tradicional y la undimotriz, proviniendo esta última de las olas del mar.

Por su parte, las empresas privadas cuya deuda fue cancelada por el Estado Nacional, podrían tener dos opciones: pagar al Estado en devolución o ceder acciones al Estado por el valor de la deuda, lo cual constituiría una importante vía para controlar a las grandes empresas que dedican parte de sus recursos a la especulación en vez de la producción.

Las propuestas convocan a un replanteo de la geopolítica y un llamado a los dirigentes políticos, sociales y gremiales a un movimiento por una gran unidad nacional formada alrededor de políticas de Estado unificadoras.