Desde hace tres meses Perú sigue inmerso en una crisis política, social y económica que hasta el momento no han encontrado una salida a pesar de que hubo 60 personas asesinadas por las represiones de las fuerzas policiales y ciudades militarizadas. Las protestas, manifestaciones, paros, cortes y bloqueos surgen a partir del 7 de diciembre del 2022, cuando el Congreso de la República lleva a fin su cometido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por la figura legal de permanente incapacidad moral, del mismo modo como fue la vacancia a Martín Vizcarra en noviembre del 2020. Vizcarra fue vacado al igual que Castillo el congreso no le permitían gobernar, ya que la mayoría de legisladores eran fujimoristas.

Del mismo modo Perú Libre (PL) tampoco obtuvo mayoría en el Congreso teñido del fujimorismo, por ende, desde que asume la presidencia se enfrenta al Legislativo en condiciones asimétricas, y llegó a gobernar solo 16 meses. El Congreso solicita la vacancia en tres oportunidades: la primera moción de vacancia Castillo la obtuvo a 4 meses de asumir, la segunda el 14 de marzo del 2022 y la tercera y concluyente el 01 de diciembre del 2022. Por esa razón, la vicepresidenta Dina Boluarte asume como nueva mandataria, siendo la primera mujer presidenta y vicepresidenta del Perú. Ella gobernaría hasta el 28 de julio del 2026, fecha en la cual finaliza el periodo de Castillo, pero por presiones de miles de ciudadanos en las calles gritan y solicitan la renuncia y un llamado a elecciones, por ello la presidenta manda un proyecto al Congreso para el adelanto de elecciones y que tomé las mejores decisiones y hacer las reformas necesarias.

A pesar de la crisis política y manifestaciones sociales el Congreso unicameral no logra ponerse de acuerdo para responder a las demandas del pueblo: renuncia de Dina Boluarte, libertad para Pedro Castillo, cierre del congreso, llamado a elecciones tanto para el ejecutivo como el legislativo, modificación de la constitución, creación de una asamblea constituyente, etc. El Congreso se ha reunido en varias oportunidades, pero no han llegado a un acuerdo en la aprobación de los proyectos presentados tanto por los partidarios fujimoristas como por el partido de Pedro Castillo, Perú Libre.

La alternativa fujimorista encabezada por el partido Fuerza Popular (FP) consiste en llamar a elecciones para diciembre de este año, y que Boluarte gobernara hasta el 30 de abril del 2024, y el mandatario electo gobernara hasta julio del 2026, fin del periodo de Castillo. Del mismo modo con todos los congresistas que ejercen en la actualidad, dejarían la bancada el 30 de abril del 2024, y los nuevos aspirantes al congreso gobernarían hasta julio del 2026. Y además proponían una consulta al pueblo para saber, si los condenados por terrorismo, homicidio, secuestro y otros delitos puedan postularse y ejercer cargos públicos. Este proyecto no obtuvo mayoría, solo logró 54 votos, 68 en contra y dos abstenciones, y para prosperar un proyecto de ley necesita 87 votos a favor.

La alternativa presentada por el partido PL propone un llamado a elecciones generales para Presidente, Vicepresidente, Congresistas y elección de Parlamentarios Andinos para el mes de julio del 2023. Tanto Congresistas y Parlamentarios Andinos en funciones culminen su periodo de representación el 29 de septiembre del 2023. Y el ejecutivo culmina su mandato el 30 de septiembre. Los nuevos congresistas y parlamentarios iniciaron su representación el 30 de septiembre de 2023 culminando el 26 de julio del 2026. El nuevo o nueva presidente iniciaría asumiría el 1 de octubre del 2023 hasta el 28 de julio del 2026. Esta propuesta presenta una consulta a la ciudadanía para saber si está de acuerdo o no con la convocatoria para una Asamblea Constituyente, que se realizaría el segundo domingo de julio de 2023. Esta alternativa tampoco obtuvo la aprobación ya que solo obtuvo 48 votos a favor y 75 en contra y una abstención.

El Pueblo peruano no puede dar marcha atrás y seguir aceptando un sistema político colapsado de impunidad y corrupción. Y al mismo tiempo seguir postergando un cambio, donde los representantes del pueblo dejen de pensar en sus propios intereses económicos y puedan legislar a favor del pueblo, donde exista una distribución económica justa, que los réditos de la explotación de los recursos naturales lleguen a los pueblos olvidados que en la actualidad sólo gozan de las consecuencias de la contaminación. El pueblo peruano mantiene precariedad laboral, mantiene grandes porcentajes de una economía informal, falta de inversión en la educación pública de calidad y cantidad y un sistema de salud gratuito para que permita el ascenso de los ciudadanos a una mejor calidad de vida.

Pedro Castillo se convirtió en una esperanza de cambio profundo, descentralización y un reconocimiento al peruano de las regiones de la periferia. Así mismo, PL es un partido político que emerge del Perú profundo, en la ciudad de Junín al sur del país en 2008, como un partido regional que con los años se convierte en un partido político a nivel nacional. Castillo nació en la ciudad de Chota, al norte de Perú. Él representa a todos los olvidados de los pueblos de la sierra y selva donde la presencia del estado es nula o escasa. Por ello el pueblo peruano no se rinde a enterrar su esperanza de un cambio radical, por eso piden la creación de una Asamblea Constituyente para que puedan estar representadas todas las regiones y las minorías. Castillo y Perú Libre unían el norte y el sur, aunque las manifestaciones del norte son moderadas a diferencia del centro y sur del país que siguen en pie de lucha por un viraje profundo.

Dina Boluarte asumió como Vicepresidenta en 2021 a través de la fórmula de Perú Libre, siendo una fuerza ideológica de izquierda y representante del Perú profundo, pero ella ignora las consignas que el pueblo pide en cada manifestación, contrariamente en sus discursos deslegitima al pueblo, imponiendo mayor represión policial, arrestando a los manifestantes, estigmatizándolos de “terrucos” y violentistas, intentando deslegitimar las protestas, ya que el término “terruco” está relacionado con el terrorismo y que representa un duro periodo para el pueblo peruano que vivió desde 1980 hasta el 2000.

Una Asamblea Constituyente en el Perú sería un nuevo pacto social, donde las minorías estarían representadas, cambiando la estructura del estado, el régimen político y la constitución de 1993. Es una alternativa para terminar con la crisis política e institucional de representatividad que se viene dando desde los 80 y 90 por partidos políticos debilitados y la corrupción latente en los poderes tanto ejecutivo y legislativo. Hasta el momento tener una Asamblea Constituyente es un proyecto que aún no se ha podido llevar a un referéndum porque los congresistas fujimoristas no lo aprueban, a diferencia del país vecino Chile con Gabriel Boric en el ejecutivo la propuesta llegó a un plebiscito, obteniendo un resultado negativo por el momento.

Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizó una encuesta donde la opinión pública opina sobre la crisis política del Perú, el congreso tiene una desaprobación de un 90% y un 77% de rechazo al gobierno de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF. AA) tienen una desaprobación de un 55%. Esta encuesta fue publicada en el diario La República el 26 de febrero.

El descrédito del pueblo viene de largo plazo, a principios de los 90 Alan García es perseguido por corrupción y se exilia en Colombia; a inicios del 2000 Alberto Fujimori es perseguido y en 2007 es juzgado y encarcelado a 25 años de prisión por delitos: violación a los derechos humanos y corrupción; en 2017 Alejandro Toledo fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por corrupción en el caso Odebrecht y actualmente se encuentra en Estados Unidos con un proceso de extradición abierta; en 2019, Alan García se quita la vida por estar involucrado en el caso Lava Jato; Ollanta Humala fue el último presidente que terminó su mandato 2011 -2016, fue condenado a 9 meses de prisión por el caso Odebrecht; Pedro Pablo Kuczynski triunfo en las elecciones del 2016 contra Keiko Fujimori, en 2018 renuncia porque lo vinculan con el caso Lava Jato y negociaciones con Kenji Fujimori (hijo de Fujimori), por la compra de votos para no ser destituido, y en 2019 fue sentenciado a 36 meses de prisión preventiva; en 2020 Martín Vizcarra fue vacado y juzgado por casos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua y finalmente, el último presidente electo, Pedro Castillo cumple una condena preventiva de 18 meses acusado de autogolpe.