A principio de año, un club de fútbol de la zona norte del Gan Buenos Aires presentó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) una solicitud de cesión de un predio de 21 hectáreas ubicado en Rincón de Milberg, partido de Tigre. Para darles una ayudita, dos concejales tigrenses -antaño del Frente Renovador y actualmente del Frente de Todos- firmaron un proyecto de resolución manifestando su conformidad con el pedido realizado por el club de fútbol. Todo esto se mantuvo en reserva durante 5 meses. Al salir a luz, un grupo de vecinos que defienden el espacio público dejaron al descubierto no sólo la maniobra de entrega de tierras públicas a una entidad privada, sino la incomodidad de concejales funcionales a intereses corporativos, pero con maquillaje popular.
“Los bienes del Estado al servicio de la comunidad” es el lema de la página de la AABE. Sin embargo, durante el gobierno macrista se firmaron convenios entre Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pusieron a disposición del mercado inmobiliario más de 117 hectáreas de tierra pública, por lo cual los ciudadanos no pueden descansar tranquilos. Lo que algunos escriben con la mano, otros lo borran con el codo.
Como los pedidos a la AABE deben estar apoyados por proyectos que colaboren “con el desarrollo de políticas públicas en beneficio de sus comunidades”, el club de fútbol que pretende quedarse con 21 hectáreas ubicadas en Ruta 27, canal Aliviador y río Luján, localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, presentó el suyo, que, entre otras cosas, dice: “centro de promoción y desarrollo de jóvenes y adolescentes que quieran educarse en el deporte y formarse en los valores que éste inspira como herramienta de transformación social”. La propuesta suena a un objetivo general de un programa de educación física; la experiencia jamás ha demostrado que esa formulación sea cierta, al contrario, las lesiones de los jugadores de fútbol y la violencia generalizada que rodea ese deporte estarían evidenciando que esos objetivos están lejos de cumplirse. Pero esta manifestación de fe en el deporte podría tener credibilidad si no fuera que, líneas más abajo, dan a conocer que, en una primera etapa, construirán una cancha oficial de fútbol profesional, una cancha amateur, vestuarios, sanitarios, playa de estacionamiento. Qué raro que un club que ya tiene una cancha de fútbol profesional quiera tener otra a menos de 9 kilómetros de distancia entre sí.
Más raro aún es que concejales elegidos para estar atentos a las necesidades de la comunidad, apoyen una propuesta que implica entregar tierra pública a una institución privada, perdiendo la oportunidad de conservar un espacio natural incorporándolo definitivamente a las tierras municipales para disfrute de todos y todas las ciudadanas.
Extractivismo inmobiliario: la voracidad sin fin
Aunque muchos lectores asocien el Partido de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires, con el disfrute de la naturaleza, la realidad que viven los tigrenses de a pie es muy distinta. El 51% del territorio tigrense está en manos de barrios privados, cuyos habitantes disfrutan de espacios oxigenados y un paisaje, si bien escénico, propicio para el relax. Aunque existe una extensa costa sobre el río Luján (18 kilómetros), los tigrenses han sido excluidos de ella: sólo es público un kilómetro de costa, el Paseo Victorica. Las tradicionales zonas residenciales de casas bajas con jardín no se salvaron de la especulación inmobiliaria: la construcción de edificios, uno al lado del otro, está cementando la tierra absorbente -tan necesaria en zonas inundables- y transformando esos barrios en lugares sin identidad donde sufren los vecinos pre existentes y también los nuevos que, al poco tiempo de mudarse, advierten que las condiciones de vida replican las de cualquier urbe superpoblada construida sin planificación. Otro dato del mal vivir son las podas innecesarias y las talas cada vez más constantes que reducen los beneficios ambientales generados por las frondosas arboledas públicas, que ya no existen.
Este panorama haría suponer que los concejales elegidos por el pueblo tigrense intentarían resguardar espacio verde para sus votantes. Pero no es así y, con la camiseta de intereses que no son populares, dos viejos concejales del Frente Renovador, hoy en el Frente de Todos, se manifestaron abiertamente por la entrega definitiva al club de fútbol de 21 hectáreas, antaño pertenecientes a la Armada Argentina y hoy administradas por la AABE, “ubicadas en una zona inigualable”, sobre todo por su valor económico.
Ante la alarma de seguir perdiendo tierra pública, costumbre iniciada durante las intendencias de Ricardo Ubieto y continuada por sus sucesores, un grupo de vecinos inició acciones en defensa de ese patrimonio que hoy pertenece a la Nación y ellos buscan que pase definitivamente al Municipio de Tigre, como reserva natural y parque público.
La reacción vecinal es muy saludable, en tanto la conducta de los concejales es reprobable: la costumbre de reservarse información, de transformarse en representantes de intereses corporativos y tomar decisiones que afectan la vida de los ciudadanos sin consultarlos previamente, es la forma de hacer política propia de la democracia liberal que desprecia a las mayorías populares.
Concejales y funcionarios, aún aquellos que supuestamente se identifican con un gobierno nacional y popular, actúan colonizados por la lógica neoliberal: prefieren entregar tierras públicas a entidades presumiblemente de bien público, que pagan concentraciones en el Hotel Sheraton de Pilar y negocian jugadores de fútbol por miles y miles de euros, en lugar de defender la tierra como matriz donde se asientan las condiciones de vida. Políticos adherentes al secretismo, que se presentan como heroicos militantes que batallan contra las oligarquías, arrancándoles migajas para el pueblo, se han convertido en personajes que asquean a todos y todas las ciudadanas. Si algo se espera de aquellos/as que se postulan para cargos públicos es que denuncien públicamente todos los negocios y negociados y asuman, junto a la ciudadanía, los conflictos de tierras como un proceso de fortalecimiento de la democracia, antes, por supuesto, que los vecinos los obliguen a la decisión: estás con nosotros o estás con los que siempre se quedan con toda la torta.
Como los pedidos a la AABE deben estar apoyados por proyectos que colaboren “con el desarrollo de políticas públicas en beneficio de sus comunidades”, el club de fútbol que pretende quedarse con 21 hectáreas ubicadas en Ruta 27, canal Aliviador y río Luján, localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, presentó el suyo, que, entre otras cosas, dice: “centro de promoción y desarrollo de jóvenes y adolescentes que quieran educarse en el deporte y formarse en los valores que éste inspira como herramienta de transformación social”. La propuesta suena a un objetivo general de un programa de educación física; la experiencia jamás ha demostrado que esa formulación sea cierta, al contrario, las lesiones de los jugadores de fútbol y la violencia generalizada que rodea ese deporte estarían evidenciando que esos objetivos están lejos de cumplirse. Pero esta manifestación de fe en el deporte podría tener credibilidad si no fuera que, líneas más abajo, dan a conocer que, en una primera etapa, construirán una cancha oficial de fútbol profesional, una cancha amateur, vestuarios, sanitarios, playa de estacionamiento. Qué raro que un club que ya tiene una cancha de fútbol profesional quiera tener otra a menos de 9 kilómetros de distancia entre sí. Más raro aún es que concejales elegidos para estar atentos a las necesidades de la comunidad, apoyen una propuesta que implica entregar tierra pública a una institución privada, perdiendo la oportunidad de conservar un espacio natural incorporándolo definitivamente a las tierras municipales para disfrute de todos y todas las ciudadanas. Extractivismo inmobiliario: la voracidad sin fin Aunque muchos lectores asocien el Partido de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires, con el disfrute de la naturaleza, la realidad que viven los tigrenses de a pie es muy distinta. El 51% del territorio tigrense está en manos de barrios privados, cuyos habitantes disfrutan de espacios oxigenados y un paisaje, si bien escénico, propicio para el relax. Aunque existe una extensa costa sobre el río Luján (18 kilómetros), los tigrenses han sido excluidos de ella: sólo es público un kilómetro de costa, el Paseo Victorica. Las tradicionales zonas residenciales de casas bajas con jardín no se salvaron de la especulación inmobiliaria: la construcción de edificios, uno al lado del otro, está cementando la tierra absorbente -tan necesaria en zonas inundables- y transformando esos barrios en lugares sin identidad donde sufren los vecinos pre existentes y también los nuevos que, al poco tiempo de mudarse, advierten que las condiciones de vida replican las de cualquier urbe superpoblada construida sin planificación. Otro dato del mal vivir son las podas innecesarias y las talas cada vez más constantes que reducen los beneficios ambientales generados por las frondosas arboledas públicas, que ya no existen. Este panorama haría suponer que los concejales elegidos por el pueblo tigrense intentarían resguardar espacio verde para sus votantes. Pero no es así y, con la camiseta de intereses que no son populares, dos viejos concejales del Frente Renovador, hoy en el Frente de Todos, se manifestaron abiertamente por la entrega definitiva al club de fútbol de 21 hectáreas, antaño pertenecientes a la Armada Argentina y hoy administradas por la AABE, “ubicadas en una zona inigualable”, sobre todo por su valor económico. Ante la alarma de seguir perdiendo tierra pública, costumbre iniciada durante las intendencias de Ricardo Ubieto y continuada por sus sucesores, un grupo de vecinos inició acciones en defensa de ese patrimonio que hoy pertenece a la Nación y ellos buscan que pase definitivamente al Municipio de Tigre, como reserva natural y parque público. La reacción vecinal es muy saludable, en tanto la conducta de los concejales es reprobable: la costumbre de reservarse información, de transformarse en representantes de intereses corporativos y tomar decisiones que afectan la vida de los ciudadanos sin consultarlos previamente, es la forma de hacer política propia de la democracia liberal que desprecia a las mayorías populares. Concejales y funcionarios, aún aquellos que supuestamente se identifican con un gobierno nacional y popular, actúan colonizados por la lógica neoliberal: prefieren entregar tierras públicas a entidades presumiblemente de bien público, que pagan concentraciones en el Hotel Sheraton de Pilar y negocian jugadores de fútbol por miles y miles de euros, en lugar de defender la tierra como matriz donde se asientan las condiciones de vida. Políticos adherentes al secretismo, que se presentan como heroicos militantes que batallan contra las oligarquías, arrancándoles migajas para el pueblo, se han convertido en personajes que asquean a todos y todas las ciudadanas. Si algo se espera de aquellos/as que se postulan para cargos públicos es que denuncien públicamente todos los negocios y negociados y asuman, junto a la ciudadanía, los conflictos de tierras como un proceso de fortalecimiento de la democracia, antes, por supuesto, que los vecinos los obliguen a la decisión: estás con nosotros o estás con los que siempre se quedan con toda la torta. |
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