La pérdida de libertades con el plan del gobierno libertario
Julián Denaro
...La modernización del régimen laboral da libertad a las empresas para pagar salarios miserables, despedir cuando lo desean en total libertad y que todos los empleadores tengan libertad para abusarse libremente de sus empleados...



El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) presentado por Struzenegger – Milei rememora el plan económico de la dictadura. A pocos días de asumir el dictador Jorge Rafael Videla en 1976, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz anunció su “Programa de recuperación de la economía argentina”, constituido por reformas para dar libertad. Su libro se llamó “Bases para una Argentina Moderna”. No es casualidad que el título del programa actual se llame “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, conformado por las mismas definiciones de liberación absoluta para los dueños del poder real.

Nunca resulta inapropiado tener presente que la libertad para todos al mismo tiempo no existe. Si la misma se otorga a los núcleos de poder dominante, procederán a saquear, haciéndole perder libertades al pueblo. Y si la libertad es adquirida por el pueblo, habrá de defenderse de aquellos intereses externos, a los cuales se les restringen los grados de libertad. Así las cosas, la catástrofe que ocasionaría la aplicación de la reforma libertaria incluye lo siguiente:

La liberación de los alquileres permitiría legalmente el abuso de los propietarios sobre los inquilinos cuya alternativa es la calle, compartir vivienda o no tener ingreso disponible para costearse una vida digna mínima.

Le eliminación de la ley de abastecimiento otorga poder absoluto a los grandes monopolios y oligopolios cartelizados para poner los precios que quieran, producir cuanto quieran, distribuir como quieran y ofrecer sus productos en los puntos de venta cuando ellos lo decidan. La derogación de la ley de góndolas permite a las mismas empresas que manejan los mercados, total libertad para excluir de la góndola del almacén a toda competencia, que incluye a los pequeños productores, a las economías regionales, a la agricultura familiar y a empresas de menor poder. Consecuencia: todo queda a merced del capricho de los grandes consorcios, dañando a productores que se quedan sin vender y a consumidores que ya no pueden elegir y además deben pagarle a las grandes empresas lo que ellas impongan. Adicionalmente, la desregulación de la medicina prepaga y las farmacéuticas acrecientan el poder para que se enriquezcan velozmente las grandes empresas.

La eliminación de la ley del Compre Nacional desprotege a la industria nacional, a la pequeña fábrica y a los talleres argentinos frente al ingreso de productos importados. Esto siempre trae consigo resultados inevitables: cierre de fuentes de trabajo y multiplicación del desempleo y la pobreza. La eliminación del observatorio de precios se hace para que las grandes empresas hagan lo que quieran, sin que el pueblo las controle a través de las herramientas del Estado. Asimismo, la eliminación de las leyes de promoción industrial y promoción comercial, deja totalmente desguarnecida a la industria argentina. Mientras tanto, la reforma del código aduanero eliminará los controles sobre los consorcios exportadores para que, entre otras cosas, y como dijo en sus palabras el presidente, no se pueda prohibir exportaciones. Esto quiere decir que podrán exportar todo, incluso toda la comida, aunque los argentinos no tengamos qué comer. En palabras de ellos, prefieren que los argentinos seamos pobres para que comamos menos carne y ellos tengan más para exportar.

La eliminación de la normativa que impide la privatización de empresas públicas, la anulación del régimen de Sociedades del Estado y la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, es el camino a las privatizaciones que no significa otra cosa que la venta de la patria. El camino a las privatizaciones que se hubo empezado con la dictadura y se concretó con Menem, produjo quebrantos inmensos para la patria. Por un lado, el retiro de utilidades por parte de las empresas extranjeras a través de declaraciones falsas y, por otro lado, las pérdidas económicas y laborales ocasionadas por empresas extranjeras que sólo procuran retirar la mayor cantidad de plata posible en el menor tiempo posible, sin atender necesidades humanas, sanitarias, alimentarias, productivas o de integración y conectividad. La autorización para que se venda el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas es para enfatizar que desean su privatización. Cielos abiertos significa que nuestra empresa aeronáutica de bandera va a perder rutas, del mismo modo que durante el gobierno de Macri, pero más rápido. En el mismo sentido, la eliminación del sistema nacional de comercio minero y banco de información minera está en línea con la extranjerización de nuestros recursos naturales estratégicos. Vale decir, los argentinos le regalamos el negocio a otros.

Por su parte, la eliminación de la Ley de Tierras, que limita la cantidad de tierra y recursos que pueden ser vendidos a extranjeros, abre juego a la venta de la patria a precio vil. La ley de fuego, que impide comprar tierra arrasada por incendios, ahora va a permitir que si se incendia un bosque intencionalmente pueda ser adquirido a bajo precio por quien lo prendió fuego.

La modernización del régimen laboral da libertad a las empresas para pagar salarios miserables, despedir cuando lo desean en total libertad y que todos los empleadores tengan libertad para abusarse libremente de sus empleados. En el mismo sentido, la eliminación de obligaciones de los ingenios azucareros otorga un desmedido poder a los grandes dueños. Adicionalmente, la liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola también otorga más libertad para el enriquecimiento de las grandes empresas.

La modificación del código civil y comercial otorgando libertad contractual desprotege a los más débiles, haciendo honor a la sentencia que dice que si hay libertad entre el fuerte y el débil, la consecuencia es la opresión. En cambio, lo que otorgaría libertad es la ley. Y respecto a que las deudas en dólares deben ser pagadas en dólares significa endeudamiento, pérdida de soberanía y entrega de la patria. Para peor, la desregulación de los servicios de internet significa resignar nuestra soberanía satelital para regalársela a Starlink, confesado por Milei. Y desregulación del sector turístico, que incluye eliminar el previaje, es destruir la industria del turismo para que brevemente se enriquezcan las grandes empresas.

Un día algunos zorros de poder quisieron implementar una reglamentación que les daba libertad para ingresar al gallinero, dentro del cual reinaría la libertad para todos. Es decir, libertad para que los zorros se coman a las gallinas y libertad para que las gallinas se coman a los zorros. Como los zorros sabían que las gallinas se resistirían y votarían en contra de esa reglamentación, decidieron implementarla por decreto de necesidad de urgencia. La rebelión fue tan grande que las gallinas le hicieron saber al mundo que esa reglamentación era ilegal, pues tenía que pasar por el tratamiento y su ulterior votación en el congreso, ya que es el poder legislativo el que emite las leyes. Los zorros se creyeron más vivos que las gallinas y se propusieron lograr que las gallinas que están dentro del parlamento voten a favor de la reglamentación, dado que las gallinas que están en el congreso no están en el gallinero. A algunas les aseguraron protección, a otras favores, a otras posiciones de poder, a otras las amenazaron o amenazaron a sus familiares y amigas. Así, la votación resultaría favorable a los zorros. Pero la sociedad de las gallinas aprendió de errores, temores e inacciones del pasado, y se aseguraron no perdonar a las gallinas diputadas y senadoras que voten a favor de los zorros. Con esa firme convicción se organizaron. Las gallinas quieren ser libres y, para lograrlo, tienen que restringir las libertades de los zorros.




El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) presentado por Struzenegger – Milei rememora el plan económico de la dictadura. A pocos días de asumir el dictador Jorge Rafael Videla en 1976, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz anunció su “Programa de recuperación de la economía argentina”, constituido por reformas para dar libertad. Su libro se llamó “Bases para una Argentina Moderna”. No es casualidad que el título del programa actual se llame “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, conformado por las mismas definiciones de liberación absoluta para los dueños del poder real.

Nunca resulta inapropiado tener presente que la libertad para todos al mismo tiempo no existe. Si la misma se otorga a los núcleos de poder dominante, procederán a saquear, haciéndole perder libertades al pueblo. Y si la libertad es adquirida por el pueblo, habrá de defenderse de aquellos intereses externos, a los cuales se les restringen los grados de libertad. Así las cosas, la catástrofe que ocasionaría la aplicación de la reforma libertaria incluye lo siguiente:

La liberación de los alquileres permitiría legalmente el abuso de los propietarios sobre los inquilinos cuya alternativa es la calle, compartir vivienda o no tener ingreso disponible para costearse una vida digna mínima.

Le eliminación de la ley de abastecimiento otorga poder absoluto a los grandes monopolios y oligopolios cartelizados para poner los precios que quieran, producir cuanto quieran, distribuir como quieran y ofrecer sus productos en los puntos de venta cuando ellos lo decidan. La derogación de la ley de góndolas permite a las mismas empresas que manejan los mercados, total libertad para excluir de la góndola del almacén a toda competencia, que incluye a los pequeños productores, a las economías regionales, a la agricultura familiar y a empresas de menor poder. Consecuencia: todo queda a merced del capricho de los grandes consorcios, dañando a productores que se quedan sin vender y a consumidores que ya no pueden elegir y además deben pagarle a las grandes empresas lo que ellas impongan. Adicionalmente, la desregulación de la medicina prepaga y las farmacéuticas acrecientan el poder para que se enriquezcan velozmente las grandes empresas.

La eliminación de la ley del Compre Nacional desprotege a la industria nacional, a la pequeña fábrica y a los talleres argentinos frente al ingreso de productos importados. Esto siempre trae consigo resultados inevitables: cierre de fuentes de trabajo y multiplicación del desempleo y la pobreza. La eliminación del observatorio de precios se hace para que las grandes empresas hagan lo que quieran, sin que el pueblo las controle a través de las herramientas del Estado. Asimismo, la eliminación de las leyes de promoción industrial y promoción comercial, deja totalmente desguarnecida a la industria argentina. Mientras tanto, la reforma del código aduanero eliminará los controles sobre los consorcios exportadores para que, entre otras cosas, y como dijo en sus palabras el presidente, no se pueda prohibir exportaciones. Esto quiere decir que podrán exportar todo, incluso toda la comida, aunque los argentinos no tengamos qué comer. En palabras de ellos, prefieren que los argentinos seamos pobres para que comamos menos carne y ellos tengan más para exportar.

La eliminación de la normativa que impide la privatización de empresas públicas, la anulación del régimen de Sociedades del Estado y la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, es el camino a las privatizaciones que no significa otra cosa que la venta de la patria. El camino a las privatizaciones que se hubo empezado con la dictadura y se concretó con Menem, produjo quebrantos inmensos para la patria. Por un lado, el retiro de utilidades por parte de las empresas extranjeras a través de declaraciones falsas y, por otro lado, las pérdidas económicas y laborales ocasionadas por empresas extranjeras que sólo procuran retirar la mayor cantidad de plata posible en el menor tiempo posible, sin atender necesidades humanas, sanitarias, alimentarias, productivas o de integración y conectividad. La autorización para que se venda el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas es para enfatizar que desean su privatización. Cielos abiertos significa que nuestra empresa aeronáutica de bandera va a perder rutas, del mismo modo que durante el gobierno de Macri, pero más rápido. En el mismo sentido, la eliminación del sistema nacional de comercio minero y banco de información minera está en línea con la extranjerización de nuestros recursos naturales estratégicos. Vale decir, los argentinos le regalamos el negocio a otros.

Por su parte, la eliminación de la Ley de Tierras, que limita la cantidad de tierra y recursos que pueden ser vendidos a extranjeros, abre juego a la venta de la patria a precio vil. La ley de fuego, que impide comprar tierra arrasada por incendios, ahora va a permitir que si se incendia un bosque intencionalmente pueda ser adquirido a bajo precio por quien lo prendió fuego.

La modernización del régimen laboral da libertad a las empresas para pagar salarios miserables, despedir cuando lo desean en total libertad y que todos los empleadores tengan libertad para abusarse libremente de sus empleados. En el mismo sentido, la eliminación de obligaciones de los ingenios azucareros otorga un desmedido poder a los grandes dueños. Adicionalmente, la liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola también otorga más libertad para el enriquecimiento de las grandes empresas.

La modificación del código civil y comercial otorgando libertad contractual desprotege a los más débiles, haciendo honor a la sentencia que dice que si hay libertad entre el fuerte y el débil, la consecuencia es la opresión. En cambio, lo que otorgaría libertad es la ley. Y respecto a que las deudas en dólares deben ser pagadas en dólares significa endeudamiento, pérdida de soberanía y entrega de la patria. Para peor, la desregulación de los servicios de internet significa resignar nuestra soberanía satelital para regalársela a Starlink, confesado por Milei. Y desregulación del sector turístico, que incluye eliminar el previaje, es destruir la industria del turismo para que brevemente se enriquezcan las grandes empresas.

Un día algunos zorros de poder quisieron implementar una reglamentación que les daba libertad para ingresar al gallinero, dentro del cual reinaría la libertad para todos. Es decir, libertad para que los zorros se coman a las gallinas y libertad para que las gallinas se coman a los zorros. Como los zorros sabían que las gallinas se resistirían y votarían en contra de esa reglamentación, decidieron implementarla por decreto de necesidad de urgencia. La rebelión fue tan grande que las gallinas le hicieron saber al mundo que esa reglamentación era ilegal, pues tenía que pasar por el tratamiento y su ulterior votación en el congreso, ya que es el poder legislativo el que emite las leyes. Los zorros se creyeron más vivos que las gallinas y se propusieron lograr que las gallinas que están dentro del parlamento voten a favor de la reglamentación, dado que las gallinas que están en el congreso no están en el gallinero. A algunas les aseguraron protección, a otras favores, a otras posiciones de poder, a otras las amenazaron o amenazaron a sus familiares y amigas. Así, la votación resultaría favorable a los zorros. Pero la sociedad de las gallinas aprendió de errores, temores e inacciones del pasado, y se aseguraron no perdonar a las gallinas diputadas y senadoras que voten a favor de los zorros. Con esa firme convicción se organizaron. Las gallinas quieren ser libres y, para lograrlo, tienen que restringir las libertades de los zorros.




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