Paulo Freire decía: “Lucho por una educación que enseñe a pensar y no por una que enseña a obedecer”. Entonces, es oportuno pensar reflexivamente y con criterio crítico, con vistas a construir un futuro mejor. Entretanto, atender a los enunciados de quienes se ubican en posiciones relevantes de la política, se vuelve útil para analizar y comprender mejor.

Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno de la denominada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostiene públicamente que la actividad en las escuelas no aumenta los contagios, y que la proximidad de los alumnos a los colegios a los que concurren no los obliga a utilizar transporte público. Y frente al Decreto Presidencial de garantizar la educación por vía virtual, recurrió al poder judicial para volver inconciliable el enfrentamiento político entre su partido y las políticas sanitarias emanadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, aduciendo que la ciudad tiene autonomía, cualidad enunciada por su nombre moderno.

Por un lado, los niños son, por poseer la misma composición biológica y orgánica que los adultos, potenciales portadores del virus, por cuanto son inequívocamente vectores de contagio y por ende de propagación entre distintas familias y diferentes burbujas de cuidado sanitario. Pero además, este problema se complejiza con el plantel docente y no docente, que casi sin excepción requiere tanto de ir a diferentes instituciones para alcanzar un sueldo decente, como movilizarse en transporte público para conectar distintos puntos de su recorrido laboral diario.

Por la evidencia expuesta, en la mayoría de los países del mundo se han suspendido las clases presenciales para combatir con mayor éxito la multiplicación del virus y apoyar al sistema sanitario mientras se avanza en la aplicación de las vacunas. Asimismo, la enorme cantidad y el penoso gran porcentaje de burbujas pinchadas por los contagios, producen el efecto de que mucho menos de la mitad de la presencialidad puede estar garantizada, aún si todos tuviesen esa intención, cosa que tampoco ocurre porque los temores y la responsabilidad de cuidado por parte de las familias porteñas, escogen la virtualidad como la mejor solución temporal.

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires es una de las 24 jurisdicciones que conforman la República Argentina, por cuanto está bajo la órbita de la Nación, y entonces un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) emitido por el Presidente de la Nación debe ser acatado por todas las jurisdicciones.

Sin embargo, es conveniente reiterar para que a nadie se le pase por alto, que quien caprichosamente se enfrenta a las medidas de cuidado porque según sus palabras la educación es el futuro, tiene un recorrido en la función pública que contradice sus propios dichos. El gobierno Macri – Larreta disminuyó el presupuesto en educación en la Ciudad de Buenos Aires del 28% al 17%, fueron el único gobierno de la historia en cerrar escuelas, desfinanciaron planes inclusivos como el Fines y el Progresar, y discontinuaron el Plan Conectar Igualdad, que consiste en la entrega por parte del Estado de computadoras a los chicos. Se habían entregado durante el gobierno de Cristina Fernández más de 5 millones de computadoras entre el 2010 y el 2015. Destáquese cuán útiles serían unos cuantos millones más que se hubiesen entregado entre 2016 y 2019. El gobierno de Alberto Fernández reactivó estos planes, pero no puede cubrir súbitamente el agujero creado por el gobierno de Macri – Larreta – Vidal. Para exponer los números que justifican aspectos enunciados, el gobierno de Alfonsín creó 90 escuelas, el de Menem 10, el de De La Rúa cero, el Kirchnerismo 1.800 y el tándem Macri – Larreta – Vidal cerró 70.

Es inevitable preocuparse frente a la disminución de la actividad que se exhibe como el mecanismo más eficaz para reducir la tasa de contagios. La menor circulación se traduce en una reducción del nivel producción y del nivel de empleo que padecen distintos sectores de toda la sociedad, que es atravesada transversalmente por este padecimiento, cuyos efectos económicos, sociales y psicológicos son inevitables, lo que nos convoca a ser inteligentes con el propósito de minimizarlos.

John Maynard Keynes (1883-1946) nos enseñó que el nivel de actividad y empleo es generado por el lado de la demanda, proviniendo entonces del gasto en consumo e inversión. Pero advirtió que la inversión del sector privado es errática y dependiente de muchas variables oscilantes que a su vez también dependen de expectativas cambiantes. Entonces, la solución es que el Estado aumente su Inversión en Obra Pública generadora de empleo. Viviendas, caminos, puentes, represas hidroeléctricas, serán destinos de Inversión Pública que incrementan la actividad y el empleo.

Así las cosas, se presenta la necesidad imperiosa de poner en marcha un país paralizado desde hace cinco años, primero por los cuatro años de un modelo de concentración y auge de la especulación financiera durante la presidencia de Macri, y luego por la pandemia. El Programa Reconstruir, por parte del gobierno de Alberto Fernández en concordancia con Axel Kicilloff, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, consiste en retomar la construcción de más de 50.000 viviendas que formaban parte de un Plan de Construcción de Viviendas iniciado por el gobierno de Cristina Fernández, y que fueron paralizadas y abandonadas durante el gobierno de Macri.

En línea con lo antedicho, también es oportuno mencionar, especialmente en épocas de pandemia en los que la demanda sobre el sistema de salud es mayor, que numerosos hospitales estaban casi terminados al concluir el gobierno de Cristina Fernández en diciembre de 2015, y que también fueron deliberadamente abandonados por el gobierno de Macri en Nacion y Vidal en Provincia, quien se jactaba orgullosamente de que no iban a inaugurar hospitales, como si fuese algo elogiable. Pues bien, el gobierno de Alberto Fernández sí los terminó e inauguró.

Ciertamente, ampliar el gasto requiere de la financiación que proviene de impuestos, y aquí es donde reside uno de los grandes inconvenientes políticos. Los sectores concentrados y las corporaciones dominantes proceden sistemáticamente a falsear los números referentes a sus facturaciones y tercerizar con subsidiarias extranjeras a través de lo que consiguen comerciar al exterior sin declarar. Una de las referencias más caudalosas es respecto del complejo agroexportador, que notoriamente es un problema mundial. Se conoce que las corporaciones agroexportadoras evaden más de 600.000 millones de dólares por año en el mundo, y que en Argentina convoca al Estado a controlar una evasión superior a los 20.000 millones de dólares anuales.

Es impostergable que el Estado le sustraiga a las corporaciones privadas el libre manejo portuario sobre nuestros ríos interiores y nuestro mar, y más aún considerando que a lo largo del Río Paraná, específicamente, se traslada comercio internacional que conecta por vía fluvial a nuestro país con Paraguay y Brasil. Y la gravedad del problema también incluye la pesca ilegal, que no es un dato menor, ya que se calcula que los barcos factoría extranjeros nos roban cada año más de 300.000 toneladas de merluza, 130.000 toneladas de calamar, 200.000 toneladas de langostinos, y mucho más en la mayor región de pesca del mundo, que es nuestro Mar Argentino. Todo eso significaría ingresos genuinos para nuestro país y un incremento de la recaudación del Estado que permitiría financiar muchas políticas keynesianas, como se explicó anteriormente. Por si fuera poco, también se conoce que por estas vías también ingresan productos ilegales al país, muchos de los cuales provienen de países con un bajo costo laboral, y entonces sus bajos precios dañan a nuestra propia industria.

Evidentemente, poner en marcha al país requiere de una intervención fuerte y comprometida por parte del Estado, para lo cual se precisa de una adecuada recaudación. Entonces, urge que se apliquen celosamente mecanismos de control sobre la enorme cantidad de dinero que nos saquean las corporaciones nacionales y extranjeras, tanto de la riqueza proveniente de nuestras Pampa Húmeda y Pampa Azul, como a través del contrabando de mercancías que ingresan ilegalmente y que le quitan mercado a nuestra propia producción nacional.

Como recalcó Cristina, hay que luchar contra los intereses imperialistas y colonialistas del exterior, pero también contra algunos de nosotros que vaya a saber por qué se vuelven funcionales y serviles a los intereses foráneos. Un ejemplo es lo que Leandro Santoro denominó “el gran agujero fiscal”, señalándolo como la caja sucia de la política, en alusión a los 37.000 millones de pesos que van dirigidos al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, significando un porcentaje excesivo del presupuesto que no se corresponde con una lógica administrativa sino con la financiación política del jefe de gobierno porteño. Merkel, la canciller alemana, una de los personajes políticos más importantes de la historia, lo expresó muy claramente, al decir que uno de los problemas más importantes que tenemos en Latinoamérica es que los ricos no pagan impuestos. De esta forma, el peso de los impuestos cae sobre los no ricos, volviendo a la organización financiera y económica de la sociedad extremadamente injusta e inequitativa.